Proyectos de ley
Somos Más se dedica a la redacción y presentación de proyectos de ley que representen los intereses de todos los puertorriqueños mediante proyectos por petición, es decir, medidas que provienen desde la ciudadanía y no de un partido político determinado.
Nuestros primeros cuatro proyectos de ley ya radicados están dirigidos a atender el problema de la corrupción en Puerto Rico, y próximamente se estarán radicando una serie de enmiendas al Código Anticorrupción (Ley núm. 2-2018). Paralelamente, estaremos atendiendo las áreas de salud, educación y vivienda, todos servicios esenciales que deberían ser un derecho básico para la ciudadanía en lugar de un privilegio.
Prohibición de donaciones en efectivo
Prohibición de donaciones en efectivo en las campañas políticas
· Esta nueva Ley sacará el dinero en efectivo de las campañas políticas, prohibiendo que un donativo a un Comité de Campaña o Comité de Gastos Independientes pueda ser hecho en efectivo.
· Los donativos en efectivo son un problema constante en la política puertorriqueña, toda vez que son muy difíciles de monitorear y abren la puerta a recaudaciones por encima de los límites legales, sin nombre y apellido y sin que sea depositados en cuentas de banco.
· Esta nueva ley fomentará la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y cierra una importante puerta a la corrupción, pues en la medida que todo donante pueda ser identificado por nombre y apellido, se le hace más fácil al Estado y a la ciudadanía fiscalizar las decisiones de nuestros líderes politicos y conocer a qué intereses responden.
Hatch Act boricua
Creación de un Hatch Act para Puerto Rico
· Esta nueva Ley creará un Hatch Act, similar al federal, para prohibir que los empleados y contratistas de agencias públicas puedan llevar a cabo gestiones políticas durante horas laborables y/o en su capacidad oficial, y que a su vez, nadie les pueda solicitar donativos o gestiones políticas, dentro de sus horarios laborales.
· Reconociendo que existe un derecho constitucional a la expresión y la libre asociación, cualquier donativo o gestión política, ya sea para solicitarla o para otorgarla, tiene que ocurrir fuera de horas laborables.
· Se establece que quien viole las disposiciones de la ley se enfrenta a multas administrativas y a la posibilidad de ser suspendido o despedido de su empleo.
· Esta ley existe a nivel federal, pero no aplica a Puerto Rico, por lo que con esta Ley cerramos otra importante puerta a la corrupción, adoptando un modelo probado de la jurisdicción federal.
Prohibición de atornillamiento
Prohibición de atornillamiento de empleados de confianza en puestos de carrera
· Esta nueva Ley prohibirá la contratación inmediata de empleados de confianza en puestos de carrera, coloquialmente llamado atornillamiento de empleados, que ocurre muy frecuentemente en la política puertorriqueña, sobre todo en la cercanía de las elecciones generales.
· Un empleado de confianza no podrá obtener un puesto de carrera hasta tanto transcurran dos (2) años desde que este salió del puesto de confianza.
· Los puestos de carrera son vitalicios y son la espina dorsal del servicio público, por lo que deben estar libres de influencias politico-partidistas. Los empleados de confianza, por definición, son aquellos que tienen roles de política pública y son nombrados por políticos electos de turno.
· Con esta medida fomentamos que sean las personas más preparadas las que ocupen puestos en el servicio público de carrera.
Enmiendas a la Ley de reclamaciones fraudulentas de Puerto Rico
Para facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los Tribunales
· Las enmiendas propuestas a la Ley de Reclamaciones Fraudulentas permitirán que cualquier persona que tenga evidencia de fraude en relación con fondos públicos pueda ir directamente al Tribunal, con su propio abogado, para recuperar el dinero a nombre del Pueblo de Puerto Rico.
· El Gobierno de Puerto Rico, con esta nueva Ley, no podrá entrar al caso para llevarlo, sino que es el ciudadano, y únicamente el ciudadano, quien tiene legitimación para hacerlo, como la parte demandante. Es decir, buscamos limitar el poder del gobierno en este tipo de pleitos.
· Como incentivo al ciudadano que delate la corrupción, el Estado concederá hasta un 25% del monto recuperado al ciudadano, y tendrá derecho a que su identidad e información personal permanezca confidencial durante todo el proceso judicial.